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Apep ASOCIACIÓN PROFESIONAL ESPAÑOLA DE PRIVACIDAD

SERVICIOS

ESPECIALISTAS REGLAMENTO GENERAL RGPD 2016/679 UE Y LEY ORGÁNICA 3/2018 DE PROTECCIÓN DE DATOS Y GARANTÍA DE LOS DERECHOS DIGITALES

ADECUACIÓN AL RGPD 2016/679 Y A LA LEY ORGÁNICA 3/2018 DE PROTECCIÓN DE DATOS

Adecuamos a su empresa a todos los requisitos exigidos por la Ley:

  • Elaboración de los Registros de actividades de tratamiento.
  • Redacción del documento-protocolo que describe todas las medidas de
    seguridad a aplicar en función del análisis de riesgos y en cumplimiento de la normativa.
  • Entrega de las cláusulas y avisos legales de la información.
  • Redacción de los contratos de confidencialidad y protección de datos con Equipo interno y con Encargados del tratamiento que tengan acceso a los datos.

AUDITORÍA EN PROTECCIÓN DE DATOS:

Ofrecemos nuestros servicios como Auditores que permiten verificar el cumplimiento del reglamento y de las instrucciones vigentes en materia de Protección de datos, identificar las deficiencias y desviaciones y aportar las medidas correctoras. Redacción y entrega del Informe de Auditoría.

Actualizamos la documentación y contratos a los cambios realizados por la empresa: nuevos proveedores, nuevo software o aplicaciones, nuevas altas de personal,…

Adecuación a la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio electrónico, LSSICE 34/2002:

Sus medidas afectan principalmente al uso de las comunicaciones telemáticas (correo electrónico y fax), las páginas web y el acceso a internet.

La LSSICE regula la titularidad de las páginas web también comprende la contratación de bienes o servicios por vía electrónica, centros comerciales virtuales, el envío de comunicaciones comerciales, el suministro de información por vía telemática y el vídeo.

Ofrecemos:

  • Adaptación de la página Web a los requisitos que establece la Ley.
  • Desarrollo de las condiciones generales de la contratación electrónica, así como los trámites obligatorios.
  • Asesoramiento en el establecimiento de los procedimientos de contratación electrónica.
  • Regulación de las comunicaciones comerciales, correos electrónicos, publicidad, promociones, etc.
  • Redacción de las cláusulas necesarias para cumplir con el deber de información y obtención del consentimiento.
  • Estudio de la política de tratamiento de datos personales a través de Internet.
  • Contratos de desarrollo web o prestación de servicios informáticos con la empresa encargada de desarrollarla.
  • Contratos de Housing o Hosting.
  • Protección de datos de carácter personal de obligado cumplimiento para cualquier entidad que recoja datos personales a través de la página web.
  • Protección de la página web

Consultoría E-marketing y desarrollo web:

  • Seguridad y adecuación a la normativa reguladora (LSSI) de las acciones de marketing y publicidad on-line.
  • Desarrollo de páginas web y publicidad on-line.

SERVICIOS DE DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS “DATA PROTECTION OFFICER” (DPO)

El Reglamento y la Ley Orgánica de protección de datos enumera un listado de Empresas que tienen la obligación de nombrar en la organización a un delegado de protección de datos (DPO) e inscribir sus datos en la Agencia Española de protección de datos (AEPD)

Su función principal será velar por el cumplimiento de la normativa, la aplicación de las medidas de seguridad, la búsqueda de soluciones para la  orotección de datos y rendición de cuentas.

 

Registro de Marcas y Patentes:

  • Registro de Marcas y nombres Comerciales.
  • Renovaciones.
  • Protección de los derechos tanto de la Propiedad intelectual como Industrial.
  • Nombres de dominio.

LEY DE PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES

  • Analizar los riesgos y aplicar las medidas de adaptación a las obligaciones de prevención, según las exigencias de la Ley 10/2010, de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la financiación del terrorismo.
  • Plan formativo para sujetos obligados.

LEY RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS 5/2010 Y REFORMA DEL CÓDIGO PENAL 1/2015

Los Programas de Cumplimiento Corporativo como instrumento para analizar los riesgos y diseñar las medidas a implementar que protejan a la empresa de posibles imputaciones penales, demandas y acciones ilegales realizadas por empleados contrarias a los intereses de la empresa.